Un juicio que busca determinar cómo funcionó una presunta “megausina” de facturas apócrifas en Chaco sumó este lunes declaraciones que expusieron conexiones con organismos estatales, cooperativas, sociedades comerciales y mecanismos informales de pago. Uno de los acusados aseguró incluso que llegó hasta uno de los principales imputados luego de recibir una recomendación en el “séptimo piso” de la Casa de Gobierno provincial.
El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia y analiza una estructura que, según la acusación del Ministerio Público Fiscal, habría funcionado entre 2019 y 2023 para generar crédito fiscal mediante comprobantes presuntamente falsos y canalizar fondos públicos a través de empresas, cooperativas y fundaciones.
Entre los principales acusados aparecen el contador Walter Antonio Pasko y Fernando Adrián Ayala. La hipótesis fiscal coloca a Pasko en un rol central en el manejo contable y tributario de distintas entidades, mientras que a Ayala le atribuye participación en la articulación de organizaciones, contrataciones y movimientos de dinero.
“Él podía hacer todo más rápido”
Uno de los testimonios más relevantes fue el de Osvaldo Ramón Godoy, trabajador de la construcción e imputado en el expediente. Antes de comenzar su declaración, su defensor, Juan Martín Varas, solicitó que el resto de los acusados abandonara momentáneamente la sala.
“Niego haber sido partícipe, niego haber tenido conocimiento contable”, sostuvo Godoy, quien aseguró que trabaja en el rubro de la construcción desde hace aproximadamente tres décadas.
Su relato adquirió otra dimensión cuando explicó cómo conoció a Pasko. Según declaró, necesitaba resolver documentación para acceder a obras mediante su cooperativa y fue entonces cuando recibió una referencia dentro de la propia Casa de Gobierno del Chaco.
Godoy afirmó que en el “séptimo piso” le recomendaron al contador porque “se lo relacionaba mucho con cooperativas” y porque, según le dijeron, “él podía hacer todo más rápido”.
La declaración no identificó durante ese tramo de la audiencia a un funcionario determinado como autor de la recomendación, pero introdujo por primera vez en el debate una referencia directa a la sede del Poder Ejecutivo chaqueño para explicar cómo uno de los imputados llegó al contador que la Fiscalía señala como una pieza central del presunto mecanismo.
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Godoy sostuvo que posteriormente entregó a Pasko documentación de su cooperativa y papeles correspondientes a sus integrantes. Según su versión, era el contador quien se ocupaba de las cuestiones fiscales e incluso quien le indicó que debía concurrir a la entonces AFIP para obtener su clave fiscal.
El dato es particularmente sensible dentro de la causa. La acusación sostiene que Pasko habría accedido a CUIT y claves fiscales de clientes de su estudio y que parte de esa información habría sido utilizada para generar comprobantes sin que los titulares conocieran las operaciones.
La Fiscalía también pone bajo sospecha a sociedades, cooperativas y fundaciones que registraron niveles de facturación que, según la investigación, no serían compatibles con su estructura real, ya que algunas carecían de empleados, maquinaria o capacidad operativa suficiente para realizar las actividades declaradas.
Veredas, viviendas y fondos públicos
Godoy aseguró que su actividad estaba concentrada en obras de veredas, viviendas sociales y limpieza de barrios. Mencionó trabajos relacionados con organismos provinciales como Desarrollo Social, Infraestructura y el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). Según relató, recibía adelantos para comenzar las obras y luego cobraba por etapas. El dinero era utilizado para comprar materiales y pagar en efectivo a los trabajadores.
También reconoció una relación laboral con Fernando Ayala, a quien dijo conocer desde 2018. Señaló que concurría a una vivienda de Ayala en la localidad chaqueña de Fontana para cobrar trabajos realizados para cooperativas y organizaciones sociales.
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Godoy sostuvo que posteriormente tuvo problemas con Pasko. Contó que en 2022 su cooperativa perdió la matrícula y dejó de poder facturar, mientras que el contador, según su versión, se comprometió a regularizar la situación pero nunca lo hizo.
“Sé que la plata era del Estado”
Después fue el turno de Ariel Ramón Acevedo, otro de los acusados. También se presentó ante los jueces como un trabajador de la construcción con más de 30 años de experiencia y afirmó que desconocía cualquier posible irregularidad en las operaciones investigadas. “Me encontré con este tema que para mí fue algo… no entendí lo que pasó”, expresó.
Acevedo confirmó que Pasko administraba su documentación y describió a Ayala como una de las personas que más trabajos le había conseguido durante los últimos años. A diferencia de Godoy, reconoció expresamente conocer el origen estatal de parte del dinero utilizado para financiar las obras. “Sé que la plata era del Estado”, respondió ante una pregunta durante el interrogatorio.
También habló del IAFEP, un organismo provincial posteriormente disuelto y que constituye uno de los puntos más relevantes de la investigación. Según explicó, sabía que diferentes instituciones recurrían al instituto para gestionar o reclamar desembolsos vinculados con la construcción de viviendas. “Yo no preguntaba mucho, yo quería trabajar”, justificó.
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Según la tesis de los fiscales, entidades vinculadas con la estructura investigada habrían facturado al IAFEP alrededor de $817,5 millones solamente entre 2022 y 2023 por prestaciones cuya efectiva realización se encuentra cuestionada.
Cobros en casas y hasta en una peluquería
La declaración de Acevedo permitió conocer además cómo se producían algunos pagos. El imputado dijo que en diferentes momentos cobró dinero en la casa de Ayala en Fontana, en un domicilio del centro de Resistencia, en una peluquería identificada como Brisa, ubicada sobre calle Liniers, y también directamente en obras en construcción. Cuando fue consultado sobre la existencia de recibos o comprobantes de esos movimientos, respondió: “Los albañiles muchas veces nos manejamos en negro”.
Acevedo reconoció además haber integrado una fundación llamada Abriendo Puertas y admitió conocer diferentes cooperativas incorporadas al expediente. En algunos casos señaló que estaban encabezadas por Ayala o por su esposa, María José Reinau. También recordó un viaje realizado a Paraguay junto a Ayala, aunque aseguró que el objetivo había sido consultar precios de productos.
La suegra de Pasko negó haber autorizado las facturas
Otra de las declaraciones significativas de la audiencia fue la de Juana Elsa Brahim, suegra de Walter Pasko y también acusada dentro del expediente. Brahim, una maestra primaria jubilada, declaró durante más de media hora y explicó diferentes movimientos patrimoniales y societarios de su familia. Al comenzar su exposición se mostró afectada: “La verdad es que no es muy fácil estar aquí. Soy una persona grande”.
La mujer aparece vinculada formalmente con sociedades que se encuentran bajo investigación, entre ellas Don Ricardo Hijos SRL, La Reina del Norte SAS, Los Inmigrantes SAS y el Fideicomiso La Fortaleza.
Brahim sostuvo que ella y su esposo tenían una posición económica consolidada mucho antes de los hechos analizados y aseguró que algunos de los bienes cuestionados provenían de ese patrimonio. Respecto de Don Ricardo Hijos SRL, afirmó que Pasko les había pedido utilizar la empresa para desarrollar actividades y que ambos aceptaron cederle su manejo.
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Según su relato, fue recién cuando volvió a trabajar con una contadora anterior cuando comenzó a descubrir operaciones que desconocía. Entre ellas aparecieron facturas por materiales para la construcción. “De ninguna manera autoricé esas facturas”, afirmó frente a los jueces.
También explicó una extracción cercana a los $5 millones realizada en diciembre y aseguró que se trataba de dinero propio que había retirado para entregar regalos de Navidad a sus hijos. Ese efectivo fue luego secuestrado durante uno de los allanamientos de la causa.
Uno de los momentos de mayor tensión de la audiencia se produjo cuando Brahim fue interrogada sobre su relación personal con Pasko, esposo de una de sus hijas. “Fue bastante… fue muy difícil. Muy difícil porque hay un nietito de por medio”, respondió mientras se quebraba. Según explicó, inicialmente no denunció las presuntas irregularidades debido al vínculo familiar y decidió hacerlo después de los allanamientos.
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Mientras hablaba, Pasko permanecía sentado observando la declaración. Detrás de él estaba Diana Daniel, hija de Brahim y esposa del contador, quien también se mostró emocionada durante ese tramo de la audiencia.
La Fiscalía cuestiona precisamente el argumento del desconocimiento. Para la acusación, Brahim tuvo participación formal en diferentes sociedades que habrían integrado el circuito económico investigado y deberá determinarse durante el juicio si realmente desconocía las operaciones realizadas a nombre de esas empresas.
