En El Salvador, siete de cada diez hogares dependen del dinero que envían sus migrantes, y ese flujo empieza a mostrar señales de agotamiento. Así lo advierte un informe elaborado por Manuel Orozco para el Inter-American Dialogue, organización especializada en políticas hemisféricas, fechado en septiembre de 2026, que sitúa a Centroamérica como la subregión más expuesta a la desaceleración de las remesas en América Latina y el Caribe.
El documento proyecta que la región recibirá USD 188.925 millones en 2026, un alza de 4.7% frente al año anterior. La cifra suena positiva, pero esconde un freno: en 2025 el crecimiento había sido de 6.5%.
La subregión centroamericana había crecido 19.3% en 2025. Para 2026, el informe proyecta apenas un 7.3%, la caída relativa más pronunciada de todo el estudio.
El Inter-American Dialogue no anticipa un desplome inmediato de los montos, sino el final de un impulso extraordinario. Ese impulso, según el reporte, estuvo vinculado al temor de los migrantes a ser deportados, un fenómeno que ahora empieza a diluirse.
¿Por qué se frenan las remesas en Centroamérica si todavía crecen en dólares? Porque el número de operaciones cae y el monto promedio ya no aumenta al ritmo de 2025: hay menos remitentes activos, más deportaciones y salarios estancados en los sectores donde trabaja buena parte de la diáspora centroamericana.
El informe atribuye buena parte del freno a la caída en el número de transacciones. Al comparar julio de 2026 con julio de 2025, los envíos a nueve países de la región bajaron entre 1.1% y 2%, según la medición utilizada. Las operaciones pasaron de 33,4 millones en julio de 2024 a 30.9 millones en julio de 2026, niveles similares a los de 2023.
Dos factores explican la baja: la menor llegada de nuevos migrantes y el aumento de las deportaciones desde Estados Unidos. El reporte estima más de 400,000 deportaciones de migrantes latinoamericanos y caribeños hasta agosto de 2026, con una proyección de 414,298 para todo el año.
Guatemala concentraría 73,324 deportaciones y Honduras 51,150, además de 17,050 en el caso de El Salvador y 9,300 en Nicaragua. El dato más revelador, según el estudio, es que más de 90% de los deportados en enero de 2025 llevaba más de cuatro años viviendo en Estados Unidos: no eran recién llegados, sino personas con empleo y redes económicas ya construidas con sus familias.
En 2025, los migrantes llegaron a enviar más de 20% adicional en montos principales, un comportamiento que el informe vincula al miedo a la deportación: muchos decidieron enviar más mientras aún tenían trabajo o ahorros disponibles. Para julio de 2026, ese crecimiento se había desacelerado hasta cerca de 5%.
El fenómeno golpea con más fuerza a los remitentes centroamericanos, muchos empleados en construcción, hotelería y servicios, sectores donde los salarios no aumentaron de forma sustancial.
El documento plantea una paradoja: la amenaza de deportación elevó temporalmente los envíos, pero a mediano plazo termina debilitando la capacidad de las familias migrantes para sostenerlos.
El peso de las remesas en el Producto Interno Bruto (PIB) explica por qué la desaceleración preocupa más en algunos países que en otros. En Honduras equivalen a 34% del PIB, en Nicaragua a 33% y en El Salvador a 28%; en Guatemala el porcentaje baja a 22%, aunque el volumen absoluto es alto.
El informe sostiene que, según datos trimestrales entre 2013 y el primer trimestre de 2026, cada aumento de 5.5% en las remesas eleva el PIB en torno a 1%. Si esa relación se sostiene, la desaceleración puede trasladarse al consumo, la vivienda, la educación privada y la salud de miles de hogares.
Para 2027, el reporte anticipa un crecimiento casi nulo en El Salvador, de apenas 3% en Honduras, 2% en Nicaragua y 2,5% en Guatemala. También proyecta una reducción del número de remitentes: 9.4% menos en Guatemala, 6.3% menos en Honduras y 4,7% menos en Nicaragua, con caídas similares entre los hogares receptores.
A diferencia de sus vecinos centroamericanos, República Dominicana figura entre los países con crecimiento sólido: el anexo del informe proyecta un aumento de 6% en las remesas para 2026, en línea con el desempeño general del Caribe, cuya subregión pasaría de crecer 10% en 2025 a 6,5% este año.
El estudio no detalla causas específicas para el caso dominicano, aunque lo sitúa dentro de un patrón caribeño más estable que el centroamericano, sin la misma exposición a las deportaciones masivas que afectan a México y a los países del norte de Centroamérica.
Un cambio estructural atraviesa a toda la región: más de 61% de las remesas se originaría por canales digitales en 2026, frente a apenas 8% en 2015. El salto respondería a la mayor bancarización de los migrantes, a la competencia entre plataformas fintech y a un impuesto de 1% sobre las transferencias en efectivo, que habría empujado a muchos remitentes hacia medios digitales.
El mercado digital de remesas hacia la región alcanzaría USD 99,500 millones en 2026. Remitly lidera ese segmento con 61% de participación, mientras PayPal/Xoom bajaría a 11%, según las cifras del informe.
El documento no se limita a describir el freno: plantea medidas para amortiguarlo. Entre ellas, la creación de productos financieros para migrantes y sus familias, como bonos del Tesoro, fondos de pensiones y cuentas de ahorro en el país de origen.
También sugiere ampliar los servicios de las empresas remesadoras hacia tarjetas de valor almacenado y cuentas digitales, además de promover más visas de trabajo temporal como mecanismo para sostener flujos legales de remitentes. Orozco insiste en que las remesas no deberían limitarse al consumo inmediato, sino convertirse en herramientas de ahorro e inclusión financiera para los hogares que dependen de ellas.
