El debate sobre el cannabis vuelve a golpear las puertas del Congreso, pero esta vez con una apuesta máxima. Los diputados del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, pusieron sobre la mesa un proyecto de ley que propone la legalización integral de la marihuana en Argentina. La iniciativa no se queda a medias tintas: busca despenalizar y habilitar sin restricciones el autocultivo, la producción, el almacenamiento y la comercialización libre del cannabis en todo el territorio nacional, dejando atrás más de tres décadas de políticas centradas en el castigo.
En los fundamentos del texto, los legisladores apuntaron contra la Ley de Estupefacientes vigente desde 1989. Según su lectura, esa normativa fracasó de forma rotunda y solo sirvió para que el negocio del narcotráfico creciera de manera exponencial. En sintonía con las denuncias de diversas organizaciones de derechos humanos, argumentaron que la prohibición actual estigmatiza y criminaliza a los sectores más vulnerables de la sociedad, mientras engrosa los bolsillos de quienes manejan el mercado negro y empuja a los usuarios a consumir sustancias adulteradas.
Para sostener la iniciativa, los referentes de izquierda miraron hacia afuera y pusieron como ejemplo los modelos de Uruguay, Canadá, Países Bajos y varios estados norteamericanos donde la regulación ya es una realidad concreta. Con ese norte, el primer artículo del proyecto decreta que la planta, sus semillas y todos sus derivados pasen a ser considerados de «uso legal». Esto abarca a toda la cadena: desde poner una semilla en una maceta hasta la cosecha, el acopio y la venta directa al público.
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A la hora de regular el mercado, el proyecto marca una diferencia clave entre el uso personal y el negocio a gran escala. La comercialización interna será libre, pero todo producto que salga a las góndolas deberá pasar por el filtro de la ANMAT, que se encargará de autorizar, registrar y auditar los componentes para garantizar la salud de los consumidores. Además, si algún usuario quisiera exportar el producto, necesitará la firma del Ministerio de Salud. En la otra vereda, el autocultivo individual o colectivo para consumo propio quedará totalmente exento de cualquier tipo de control, intromisión o registro estatal.
Aunque la venta se libere, el texto fija límites geográficos estrictos. Estará prohibido comercializar productos recreativos en escuelas, universidades, dependencias del Estado, transporte público, hospitales, museos y clubes. A la hora de prender un cigarrillo, las reglas serán exactamente las mismas que rigen para el tabaco: nada de fumar en espacios cerrados. Tampoco habrá margen para el marketing, ya que el proyecto prohíbe de forma tajante cualquier tipo de publicidad o patrocinio, con la única excepción de los productos estrictamente medicinales.
Uno de los puntos más disruptivos del proyecto es su efecto retroactivo sobre el sistema penal. La ley plantea una amnistía automática para todas las personas que hoy están denunciadas, procesadas o condenadas por delitos como el narcomenudeo, el consumo personal o el autocultivo. En la práctica, esto significa la extinción inmediata de las penas y el borrado total de los antecedentes en los registros públicos, buscando reparar el daño que, según los autores, generó la persecución estatal sobre los eslabones más débiles.
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Clubes sociales, educación y el rol clave del sistema de salud
Para garantizar que todos los usuarios tengan una vía segura y legal para acceder a las flores y semillas, la iniciativa habilita la creación de Clubes Sociales de Cannabis. Estas asociaciones funcionarán sin fines de lucro y estarán pensadas exclusivamente como espacios de cultivo colaborativo, una figura que busca sacar a los consumidores de las redes del mercado ilegal y fomentar el abastecimiento colectivo entre pares.
El uso terapéutico tiene un capítulo aparte con un fuerte mandato para el Estado. El proyecto obliga a la ANMAT a garantizar la provisión totalmente gratuita de cannabis y sus derivados para cualquier paciente que cuente con indicación médica o paliativa. A la par, le exige al Poder Ejecutivo que ponga recursos para estimular la investigación científica e industrial, tejiendo convenios directos con universidades públicas y organizaciones civiles especializadas en la materia.
Por último, la propuesta legislativa busca un cambio cultural de fondo. El Gobierno nacional deberá implementar campañas masivas de educación y concientización para desestigmatizar la planta y difundir sus beneficios reales. Lejos del viejo enfoque policial, la nueva estrategia oficial deberá centrarse en la promoción de la salud, la gestión de riesgos y la reducción de daños para prevenir los consumos problemáticos.
TC/DCQ
