Horas después de la detención del exfiscal César Jáuregui Moreno, el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, emitió un mensaje en el que reconoció el desmantelamiento del narcolaboratorio del mes de abril como “un resultado muy relevante en el combate al crimen organizado”, pero advirtió que “un buen resultado no justifica violar la ley” y que “el crimen no puede combatirse al margen de la ley”.
Jáuregui fue capturado este sábado 17 de octubre por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, derivados de la presunta intervención extranjera de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el desmantelamiento del narcolaboratorio en el municipio de Morelos, caso que se desatapó tras la muerte de dos estadounidenses y dos agentes mexicanos adscritos a la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en un accidente automovilístico cuando regresaban del operativo.
Cabe señalar que la orden de aprehensión contra el exfiscal fue obtenida por la FGE ante un juez de control local, y no por la Fiscalía General de la República (FGR), que mantiene una investigación paralela por delitos contra la seguridad nacional y ejercicio ilícito del servicio público. En esa indagatoria, la FGR recabó el 2 de junio una entrevista ministerial a Jáuregui, en calidad de testigo, no de imputado.
El Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que la captura se realizó a las 10:20 horas, en la colonia Campestre Washington de la capital chihuahuense. La detención corrió a cargo de la Policía Estatal, y Jáuregui quedó a disposición de la FGE, Zona Centro-Sur, la misma institución que él encabezó hasta abril.
Loya Chávez explicó en el video que un juez de control libró la orden de aprehensión contra Jáuregui por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en el artículo 253, fracciones II y IV, y en el artículo 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua. La orden fue cumplimentada horas antes de que se difundiera el mensaje.
El funcionario precisó que Jáuregui sería puesto a disposición del juez de control, ante quien se desahogaría la audiencia inicial en los plazos que marca la ley, con pleno respeto a sus derechos y al debido proceso. “Lo dijimos desde el primer día: quien trabaje o haya trabajado en esta fiscalía y cometa un delito, será puesto a disposición de la autoridad”, afirmó.
Loya Chávez aclaró que la detención no desacredita los resultados operativos obtenidos en abril. “Esta acción no desconoce el trabajo de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado ni de las Fuerzas Armadas en el desmantelamiento del laboratorio clandestino”, señaló. Lo que se investiga, puntualizó, es la forma en la que se condujo el operativo, la omisión de la cadena de mando y de los protocolos aplicables.
El encargado de despacho agregó que “nadie, sin importar su cargo, puede torcer la ley en nombre de un buen fin”, y adelantó que la fiscalía informará oportunamente sobre el avance del proceso. Reiteró que la institución mantendrá su lucha frontal contra la delincuencia en coordinación con las instancias correspondientes, “para garantizar la paz, el estado de derecho y la libertad de las y los chihuahuenses”.
Tras la polémica, el 24 de abril fue anunciada la creación de la unidad especializada de la FGE para investigar el caso, un día después de que Maru Campos se reuniera con autoridades federales en la Ciudad de México. Al frente del equipo quedó Wendy Paola Chávez Villanueva, entonces titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, con casi diez años en ese cargo.
Jáuregui había renunciado como fiscal general de Chihuahua el 27 de abril, seis meses antes de su detención, en medio de la polémica por el operativo del narcolaboratorio. Presentó su dimisión ante la gobernadora María Eugenia Campos Galván, con el argumento de permitir que las investigaciones avanzaran sin interferencias y atender la exigencia de transparencia.
En su posicionamiento público al renunciar, reconoció inconsistencias en la información inicial difundida por las autoridades estatales, así como omisiones en los mecanismos de control y comunicación dentro de la fiscalía. Indicó que, como titular de la institución, le correspondía garantizar el correcto funcionamiento de los protocolos, por lo que asumió la responsabilidad en el ámbito del liderazgo.
El caso de presunta intervención extranjera y la presunta invasión de competencia federal se destapó cuando una camioneta del convoy que regresaba del operativo derrapó en un camino de terracería, salió del trazado y cayó por un barranco en la sierra de Chihuahua, lo que provocó una explosión. Murieron Pedro Román Oseguera Cervantes, su escolta Manuel Genaro Méndez Montes —presunto piloto de la unidad— y dos estadounidenses señalados como agentes de la CIA.
(FGE Chihuahua)
El propio Jáuregui, como fiscal en funciones, confirmó ese mismo día los cuatro fallecimientos en conferencia pública. Esa comparecencia derivó, meses después, en una de las dos carpetas que mantiene abierta la FGR por el caso.
Un informe presentado el 13 de mayo por la encargada de la unidad especial, Chávez Villanueva, reveló que videos de vigilancia captaron a los presuntos agentes estadounidenses conviviendo de manera informal con Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la AEI, en las instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas. El acercamiento ocurrió al menos dos días antes de que el convoy saliera hacia la sierra de El Pinal, en el municipio de Morelos.
Las mismas imágenes mostraron que el 16 de abril, horas antes de la salida, uno de los extranjeros portaba un arma larga dentro de las instalaciones, con la mano derecha y en posición vertical. Chávez Villanueva precisó que no se advirtió a la agencia estatal ninguna disposición de uso del arma, y que no se corroboró que la portara fuera del edificio o durante el operativo.
La fiscal no pudo confirmar si el sujeto armado era uno de los dos extranjeros que murieron en el accidente o alguno de los dos que sobrevivieron, por no haber viajado en el vehículo que cayó al barranco. Las cuatro personas se integraron al convoy desde su salida de la ciudad de Chihuahua, vestidas de civil y sin insignias de corporación alguna.
No existe registro de que Oseguera Cervantes o algún otro servidor público haya solicitado autorización o informado a sus superiores sobre la presencia de los extranjeros. La FGE no recibió respuesta formal de la representación diplomática y consular de Estados Unidos ni del Instituto Nacional de Migración sobre la identidad de estos individuos.
