Buenos Aires, 11 Agosto (NA) — Con posiciones enfrentadas sobre la creación de empresas automatizadas mediante algoritmos e inteligencia artificial, el Senado debatió el proyecto de reforma integral de la Ley General de Sociedades impulsado por el Gobierno nacional.
La iniciativa fue analizada en la Comisión de Legislación General, que conduce Nadia Márquez, y se estima que habrá al menos dos reuniones informativas más antes de avanzar hacia un dictamen.
La mayoría de los expositores propuestos por el peronismo cuestionaron duramente el proyecto elaborado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El debate tuvo además un fuerte componente político a partir del cruce entre la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen.
Uno de los aspectos más novedosos de la iniciativa es la incorporación de la figura de la “Sociedad Automatizada”, concebida para operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin requerir empleados para su funcionamiento ordinario.
La reforma también contempla a las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), estructuras que pueden funcionar de manera total o parcialmente autónoma y utilizar participaciones representadas mediante tokens y registros asentados en tecnología blockchain.
También el proyecto diseñado por Sturzenegger reduce la tutela del Estado sobre la forma en que los socios organizan sus negocios, y establece que las disposiciones de la ley tendrán carácter supletorio y que, en principio, prevalecerá lo establecido en el estatuto de cada sociedad.
Polémica
Uno de los cruces más fuertes sucedió entre el ex titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, y Bullrich, debido a que el ex funcionario nunca quiso aplicar, cuando fue titular, el sistema de Sociedades Simplificadas contemplado en una ley aprobada en el gobierno de Cambiemos.
El ex funcionario kirchnerista justificó su decisión de haber rechazado la creación de sociedades simplificadas establecidas en la ley impulsada por Mauricio Macri.
Nissen condujo la IGJ en el gobierno de Alberto Fernández y desde su cargo objetó las Sociedades por Acciones Simplificadas por considerar que eran un instrumento para el delito económico, lavado de dinero y evasión fiscal.
En su discurso, rechazó el proyecto diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y consideró que “Hay que cambiar la ley 19.500, no lo dudo. Pero esto no, porque es la consagración de las sociedades comerciales como trampa, como ámbito de actuación deshonesta para que la gente de plata tenga más plata y bienes, y los trabajadores nunca disfruten nada”, afirmó Nissen.
“Los vivos de siempre que vienen de Miami, vienen disfrazados de socios norteamericanos, hacen lo que quieren con la ley, la manipulan y resulta que después salen absolutamente ilesos”, agregó.
Bullrich acusó a Nissen de haber tenido un desempeño que no se ajustó a sus funciones al suspender en el ámbito porteño las Sociedades Simplificadas y dijo que “como director no puede cambiar una ley de la Nación”.
Bullrich disparó que Nissen tiene una “mirada de carácter estrictamente político y no como un experto, sino como una persona que durante su gestión generó limitaciones estrictas a una ley de la Nación, siendo director de la IGJ, y eso es algo que no correspondía”.
“El acusador termina siendo acusado”, disparó Bullrich en alusión a una causa judicial, ante los gritos de Nissen y senadores peronistas que pedían volver a responderle a la jefa del bloque oficialista, pero esa solicitud la impidió Márquez a cargo de la conducción de la reunión.
Respaldos a la ley
En cambio, el titular de la Unidad de Información Financiera, Matías Álvarez, señaló que “este proyecto mantiene y fortalece el sistema de prevención de lavado de activos, mantiene inalterado el cumplimiento de los estándares internacionales y brinda una oportunidad para modernizar esta legislación”.
Señaló que esta iniciativa permitirá la “modernización del sistema con la incorporación del legajo digital público y la digitalización de todos los libros y registros societarios para entender la actividad económica dentro de las sociedades”.
El profesor de la Universidad Austral, Sebastián Balbín, dijo que “una ley responde a una realidad. Cuando la realidad cambia, llega un momento en que ya no alcanza con modificar algunos artículos y es necesario revisar todo el sistema”.
“Eso es lo que sucede hoy con nuestra Ley General de Sociedades, sancionada en 1972”, agregó.
En tanto, el emprendedor y CEO de Saltellogic, Emiliano Kargieman, dijo: “desde las entidades autónomas, apoyo la creación de un marco jurídico argentino para este tipo de sociedades porque la oportunidad que tiene Argentina es histórica. Este proyecto puede darle al país una ventaja institucional y económica importante”.
Por su parte, Sebastián Heredia Querro, especialista en blockchain, señaló que “nuestras pymes compiten en un mercado global con leyes de otra época. Este anteproyecto fue elaborado por una comisión federal que conoce el interior del país y creo nos va a dar la infraestructura jurídica que la producción argentina necesita para el siglo XXI”.
Rechazos
La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y titular del Programa para la Protección de los Usuarios y Consumidores del Ministerio Público de la Nación, Gabriela Boquín, señaló que “el proyecto tiene normas que son incongruentes con los principios que sustenta; es contradictorio. Si utilizáramos el proyecto tal cual está analizado, hubiéramos perdido el caso YPF”.
También se expresó en contra, señalando que no es una reforma, sino que viene a sustituir por completo a la Ley de Sociedades. Acto seguido, leyó un discurso preparado en el que remarcó que “modernizar no significa desproteger, simplificar no significa desregular y ampliar la libertad no significa abandonar a quienes tienen menos para poder ejercerla”.
El juez Julián Flores señaló que el proyecto no debería ser aprobado en su actual redacción. La ley necesita ser modernizada, pero eso no significa desproteger; simplificar no significa desregular y ampliar la libertad no significa abandonar a quienes tienen menos para poder ejercerla.
Agencia NA
