El asesor de la Casa Rosada salió con los tapones de punta. A través de su cuenta en la red social X, Santiago Caputo encendió la mecha de un nuevo escándalo al asegurar que «aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas». Lejos de quedarse en la queja superficial, el estratega libertario trazó una exageración letal para graficar el desmadre del sistema asistencial argentino: «Tenemos más pensiones por invalidez que un país que haya sufrido una guerra».
La furia oficialista se apoya en números que el Ejecutivo mira con lupa y espanto. Según los datos que maneja el Gobierno, entre 2003 y 2023 la cantidad de beneficiarios pasó de 76 mil a 1.200.000. Para Caputo, esta explosión estadística no responde a una tragedia sanitaria, sino a un festival de la vieja política. «Certificados emitidos por los políticos para sus amigos, conocidos, tíos, primos, o simplemente para hacer política«, disparó sin filtro, catalogando la maniobra como «una de las mayores estafas de la política nacional de los últimos 20 años».
A su vez, Caputo acusó a los legisladores de poner palos en la rueda frente a la auditoría estatal e incluso de querer empeorar el panorama: «Mientras el Gobierno viene intentando dar de baja esas pensiones truchas, el Congreso insiste no solo en obstaculizar esto sino que pretenden DUPLICAR las pensiones existentes«. El daño colateral de este despilfarro, opinó, es que las prestaciones para quienes realmente sufren una discapacidad terminan siendo «un desastre» por la escasez de fondos.
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El timing del exabrupto no es casual y se sube a la ola de indignación que generó en las últimas horas el caso de Romina Uhrig. Trascendió que la exlegisladora y exparticipante del reality Gran Hermano posee un certificado de discapacidad tramitado en 2018, curiosamente cuando su entonces pareja, Walter Festa, manejaba los hilos de la intendencia bonaerense de Moreno. El sugestivo documento, que la habilita a acceder a beneficios estatales, tiene fecha de vencimiento recién para 2028.
Esta misma semana, el Ejecutivo giró al Parlamento el proyecto de ley «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez«. La iniciativa busca crear herramientas legales específicas para «prevenir, detectar y sancionar el fraude«, luego de que distintas investigaciones administrativas y judiciales dejaran al descubierto diversas irregularidades: desde domicilios fantasma hasta la falta total de historias clínicas que justifiquen los cobros.
El ultimátum del reempadronamiento
La columna vertebral del nuevo proyecto oficial es un filtro obligatorio para el millón de personas que hoy cobra el beneficio. La ley instruye un reempadronamiento total donde cada titular deberá actualizar su información médica, personal y socioeconómica en un plazo máximo de 90 días (prorrogable por un mes más como única excepción). Para evitar excusas burocráticas, la reglamentación exigirá constituir un domicilio físico o electrónico y habilitará vías presenciales, remotas o mixtas, adaptándose a la realidad territorial de cada persona.
Quienes intenten esquivar este censo enfrentarán consecuencias inmediatas. El texto oficial es tajante: no completar el trámite derivará en una suspensión automática del pago y, si la falta de papeles persiste, se avanzará con la baja definitiva mediante un acto administrativo formal. En este sentido, la iniciativa modifica artículos clave de las leyes 13.478, la 24.901 (sobre prestaciones de rehabilitación) y reformula la flamante Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (27.793).
El objetivo de fondo que blanquea el Gobierno en los fundamentos del texto es frenar lo que consideran un «injustificable dispendio de los recursos del Estado nacional». Argumentan que, si bien el país adhiere a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cumplimiento de esos derechos debe ser «proporcional a los recursos disponibles». Además, la ley abre la puerta para firmar convenios con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, buscando que cada jurisdicción organice y asuma responsabilidades de financiamiento sobre las prestaciones de salud en sus territorios.
TC
