Frank Strada, el comisionado del Departamento de Correccionales de Tennessee, renunció al cargo este sábado 3 de octubre, tres días después de que el estado no lograra ejecutar a Christa Pike con dos dosis del fármaco letal pentobarbital. El gobernador republicano Bill Lee anunció la salida y aclaró que Strada dejará la función este mes.
En su comunicado, Strada sostuvo que apartarse del cargo “es lo mejor para los intereses” de los habitantes de Tennessee mientras avanza la revisión independiente ordenada por Lee para determinar qué falló en la cámara de ejecución. “Creo que esta revisión es totalmente apropiada y necesaria. Espero hacer todo lo posible para ayudar a determinar exactamente lo que ocurrió”, afirmó.
La renuncia llega en un contexto de presión creciente. Abogados defensores y organizaciones especializadas en pena de muerte señalaron que el caso de Pike fue el quinto procedimiento letal fallido bajo la supervisión de Strada desde 2022, en dos estados distintos. Fue, además, la primera vez en la historia moderna de Estados Unidos que una persona condenada sobrevivió a la administración de los fármacos dentro de una cámara de ejecución.
Pike, de 50 años, recibió las dos inyecciones el miércoles 30 de septiembre en la prisión de máxima seguridad Riverbend, en Nashville, pero no murió. Los testigos presentes la escucharon toser y forcejear cerca de una hora después de la primera dosis. Al término del procedimiento, fue trasladada en ambulancia a un hospital, donde permanece inconsciente y con respiración asistida, según informaron sus abogados en una presentación judicial.
Para entender por qué Strada concentró las críticas, hay que remontarse a su gestión anterior. Entre 2020 y 2022, como subdirector de correccionales de Arizona, fue responsable de armar y supervisar los equipos de ejecución y de obtener los fármacos letales, según declaró él mismo en una deposición judicial.
En mayo de 2022, el equipo a cargo de la ejecución de Clarence Dixon tardó cerca de 40 minutos en encontrar una vena apta. Ante la imposibilidad de lograrlo en el brazo, debieron hacerle una incisión en la ingle. En junio del mismo año, Frank Atwood —de 66 años, con una enfermedad degenerativa de columna— tuvo que ayudar personalmente a los funcionarios a localizar su propia vena. En noviembre de 2022, el mismo problema se repitió con Murray Hooper, y también recurrieron a un catéter en la ingle.
El Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC) —organización sin fines de lucro que estudia el sistema de pena capital— clasificó los tres casos como ejecuciones “fallidas”. El término no es legal, pero el DPIC lo aplica cuando hay problemas inesperados que provocan sufrimiento innecesario. Dale Baich, abogado que representó a presos en Arizona durante esa etapa, lo dijo sin rodeos al diario The Guardian: “Si tu trabajo es acceder a venas, deberías poder hacerlo. Para mí, eso indicó que el departamento no seleccionó bien a los integrantes del equipo”.
Cuando Lee designó a Strada como comisionado, Tennessee ya tenía sus propios problemas documentados. Un informe independiente encargado por el propio gobierno estatal en 2022 detectó fallas en la aplicación del protocolo, pruebas insuficientes de los fármacos y lo que el documento llamó un enfoque de “visión de túnel orientado al resultado”. Ninguna de las recomendaciones de ese informe se implementó bajo la gestión de Strada, según los abogados defensores.
Bajo su conducción, Tennessee también eliminó un requisito de entrenamiento que existía antes de su llegada: los integrantes del equipo de ejecución practicaban la inserción de catéteres con solución salina. Las nuevas directrices de Strada suprimieron esa práctica.
Kit Thomas, abogada de condenados en el corredor de la muerte, aportó los documentos que lo prueban y declaró al Guardian: “Redujo los requisitos de entrenamiento y hemos visto resultados desastrosos.” Arizona, en contraste, amplió su equipo de inyección y reforzó el entrenamiento después de que Strada se fue —medidas que él no replicó en Tennessee.
A finales de 2024, Strada anunció un cambio en el protocolo de inyección letal de Tennessee: el estado usaría únicamente pentobarbital, según informó la agencia AP.
El caso de Pike no fue el primero bajo la gestión de Strada en Tennessee. En mayo de 2026, el estado debió cancelar la ejecución de Tony Carruthers —condenado por el secuestro y asesinato de tres personas en 1994— porque el equipo no logró localizar una vena apta tras más de una hora de intentos. El gobernador Lee le otorgó un aplazamiento de un año.
En una deposición ante abogados en noviembre de 2025, Strada definió una ejecución exitosa como aquella en que “el condenado es puesto a muerte”. Cuando le preguntaron si había algo más a considerar, respondió: “No.” Thomas señaló que esa respuesta refleja “ningún interés por la experiencia del individuo más allá de que acabe muerto”.
En esa misma instancia, Strada reconoció que tampoco contrató a un especialista en farmacología ni a un asesor para la obtención de los fármacos, como el informe de 2022 recomendaba.
Los abogados de Pike presentaron una moción de emergencia para preservar toda la evidencia del procedimiento. El equipo de ejecución usó al menos siete agujas en los intentos de establecer las vías intravenosas, según la BBC.
El médico Joel Zivot, anestesiólogo asesor de la defensa, señaló que la cantidad de pentobarbital administrada habría sido letal si hubiera circulado correctamente. La explicación más probable, según Zivot, es que el fármaco no llegó al torrente sanguíneo sino que se dispersó en el tejido bajo la piel por la ruptura de las venas.
Pike padece trombocitosis, una condición que genera coágulos y dificulta la inserción de agujas. Sus abogados lo habían advertido en una demanda presentada en enero de 2026. “En ningún momento ningún miembro del equipo se dio cuenta de que las vías no estaban bien colocadas o de que las venas se habían reventado”, escribieron en la presentación judicial, según AP.
El Departamento de Correccionales de Tennessee sostuvo que el protocolo se aplicó en su totalidad y que el pentobarbital “ha demostrado consistentemente su efectividad”. Sin embargo, el propio protocolo no especifica qué hacer si el condenado sigue con vida después de la segunda dosis, según la misma agencia.
Stephen Ferrell, defensor federal y uno de los abogados de Pike, cuestionó el valor de la nueva revisión: “Nuestras predicciones son minimizadas y, sin embargo, se siguen cumpliendo. Tennessee no debería torturar a sus ciudadanos en nombre de la justicia”, declaró en una conferencia de prensa, de acuerdo aThe Guardian.
Robin Maher, directora ejecutiva del DPIC, también reclamó transparencia y señaló que tras la ejecución fallida de Carruthers en mayo “no hubo ninguna información sobre por qué había salido mal ni ninguna acción correctiva”.
Tennessee mantiene en secreto la identidad de los integrantes del equipo de ejecución, el nombre de los proveedores de los fármacos y los procedimientos de control de calidad. Strada declinó responder preguntas sobre si usó el mismo proveedor que en Arizona y si ese proveedor cumplía las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), según el Guardian.
Los abogados de Pike piden ahora la conmutación de su condena. Ella quedó sentenciada a muerte en 1996 a los 20 años por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, cometido cuando Pike tenía 18.
