La Municipalidad de Córdoba inició un sumario administrativo contra Eric Gabriel “Gori” Silva, el inspector de tránsito detenido en el marco de una investigación por un ataque a tiros contra una vivienda de barrio Patricios Oeste. Además, dispuso su suspensión a los efectos de la liquidación de haberes, luego de ser notificada por la Justicia sobre su detención.
El procedimiento administrativo se inició el jueves, después de que el municipio recibiera la comunicación judicial. Según informó la Municipalidad, las medidas que correspondan se adoptarán a medida que avance la causa. La eventual cesantía del agente dependerá de las actuaciones administrativas y judiciales.
Silva ingresó al municipio como contratado en 2012 y fue designado en planta permanente en 2016, durante la gestión del entonces intendente Ramón Mestre. De acuerdo con los registros de Capital Humano, al momento de su designación no registraba antecedentes penales.
Desde 2022 se desempeñaba en el área de Tránsito. Según la información oficial, su desempeño laboral era considerado correcto.
Los antecedentes del inspector municipal
La detención volvió a poner bajo la lupa el historial penal de Silva. Según la información en Arriba Córdoba, el agente registra antecedentes desde 2019 y estuvo al menos dos veces detenido en la cárcel de Bouwer mientras ya integraba la planta municipal.
En su prontuario figuran hechos vinculados con robo calificado por el uso de arma de fuego, violencia familiar, tenencia de armas y un delito contra la integridad sexual. Parte de esos antecedentes corresponde a episodios ocurridos en 2019 y 2021.
Pese a esos antecedentes, Silva continuó trabajando en la Municipalidad hasta su detención en el marco de la investigación por el ataque ocurrido en barrio Patricios Oeste.
La causa por el ataque a tiros en barrio Patricios Oeste
La investigación judicial apunta a un episodio en el que dos personas llegaron en moto a una vivienda y efectuaron varios disparos. Uno de los proyectiles alcanzó a un adolescente de 14 años, hijo de la propietaria de la casa.
La fiscalía investiga si el ataque estuvo relacionado con el cobro de una deuda por un préstamo informal. Una de las hipótesis es que Silva habría prestado servicios para una red dedicada a otorgar dinero con intereses usurarios.
La causa está a cargo del fiscal Andrés Godoy y, según la información difundida, no se descartan nuevas detenciones.
Mientras avanza la investigación, el municipio inició el sumario administrativo y suspendió al agente. La continuidad de su situación laboral dependerá de las medidas que se adopten en el marco del procedimiento correspondiente.
