El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, fue sancionado con 10 días de arresto por desacato judicial, luego de que un juzgado concluyera que no se cumplió de manera integral una orden de tutela relacionada con una solicitud de información sobre las obras de estabilización costera y construcción de espolones en Playa Salguero.
La sanción también cobija a la secretaria de Planeación Distrital, Patricia Lucía Caicedo Lafaurie, según la decisión del Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta, que revisó el presunto incumplimiento de un fallo emitido el 19 de noviembre de 2025.
De acuerdo con la información publicada por Caracol Radio, la tutela ordenaba a los funcionarios responder en un plazo de 48 horas un derecho de petición presentado por el ciudadano José Humberto Torres, quien solicitó información sobre el proyecto costero en Playa Salguero.
La petición buscaba conocer detalles sobre los trámites adelantados para obtener la licencia ambiental, el estado del contrato, los recursos entregados al contratista y las posibles consecuencias económicas para el Estado, luego de que el proyecto fuera suspendido por una decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA.
Aunque la orden judicial fue confirmada en segunda instancia, el despacho concluyó que la respuesta no cumplió de manera integral con lo ordenado en el fallo. Además, señaló que ni Pinedo ni Caicedo demostraron haber adoptado medidas eficaces para garantizar el cumplimiento de la tutela.
El caso se originó por el derecho de petición presentado por Torres, quien buscaba claridad sobre una obra de alto interés para la ciudad por sus implicaciones ambientales, contractuales y económicas.
El juzgado también tuvo en cuenta que desde la administración distrital se habría cancelado una segunda cita programada con el ciudadano, sin que después se realizara una nueva programación. Esa situación fue incluida dentro del análisis que llevó al despacho a declarar el desacato.
La decisión representa un nuevo episodio judicial para la administración distrital, especialmente por tratarse de una sanción contra el mandatario local y una funcionaria clave en la planeación urbana de Santa Marta.
Pese a la sanción, la decisión todavía debe surtir el trámite de consulta ante el juez superior. Esto significa que la medida no se ejecuta de manera automática, sino que debe ser revisada antes de quedar en firme.
Si el juez superior confirma la decisión, se ordenará el cumplimiento de los 10 días de arresto contra el alcalde Carlos Pinedo y la secretaria Patricia Caicedo. Sin embargo, la eventual ejecución de la sanción no elimina la obligación de la administración distrital de cumplir la orden de tutela y responder de fondo al ciudadano.
El punto central del caso sigue siendo la información solicitada sobre las obras en Playa Salguero. La suspensión del proyecto por parte de la ANLA dejó abiertas preguntas sobre licencias, contratación, recursos públicos y posibles impactos económicos para el Estado.
La decisión judicial también pone sobre la mesa la importancia de responder de manera completa y oportuna los derechos de petición, especialmente cuando se trata de proyectos de infraestructura que afectan a comunidades y comprometen recursos públicos.
Por ahora, la administración distrital queda a la espera de la revisión del superior jerárquico. Mientras tanto, el fallo aumenta la tensión alrededor del manejo institucional de las solicitudes ciudadanas en Santa Marta y del seguimiento a las obras costeras suspendidas.
El caso de Playa Salguero seguirá bajo observación, no solo por la sanción impuesta al alcalde y a la secretaria de Planeación, sino por las respuestas que aún debe entregar el Distrito sobre el contrato, la licencia ambiental y el futuro del proyecto.
