El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó por tercera ocasión la aprobación de lineamientos para fiscalizar los procesos internos de los partidos políticos, “pre-precampañas”, en medio de un enfrentamiento entre consejeros electorales y representantes partidistas por las facultades de la autoridad y la falta de reglas para vigilar estas actividades rumbo a las elecciones de 2027.
Durante la sesión del Consejo General, la propuesta presentada por los consejeros Arturo Castillo, Martín Faz y Carla Humphrey no obtuvo el respaldo mayoritario. Siete integrantes votaron en contra: la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, así como Jorge Montaño, Norma de la Cruz, Uuc-kib Espadas, Frida Gómez Puga, Blanca Cruz y Arturo Chávez. A favor se pronunciaron los tres consejeros proponentes y Rita Bell López.
La discusión evidenció las diferencias al interior del INE sobre la necesidad de establecer mecanismos específicos para revisar los gastos de las actividades políticas que los partidos realizan antes del inicio formal de las precampañas, así como los límites de la autoridad electoral para intervenir en estos procesos.
Arturo Castillo defendió la necesidad de aprobar reglas que permitan fiscalizar oportunamente las actividades partidistas, ante el avance del proceso electoral 2026-2027, que comenzó formalmente el pasado 10 de septiembre.
El consejero señaló que los partidos y sus figuras políticas mantienen recorridos territoriales, eventos públicos, encuestas, traslados, propaganda y difusión de contenidos en plataformas digitales, actividades que pueden generar gastos susceptibles de revisión por parte de la autoridad electoral.
Advirtió que, pese a estas actividades, el instituto no ha establecido mecanismos para fiscalizarlas de manera oportuna y determinar si se ajustan a la legislación vigente.
Castillo, quien ha impulsado el tema desde marzo y presentó una primera propuesta hace cuatro meses, sostuvo que la ausencia de reglas específicas puede comprometer la equidad de la contienda, debido a que algunos gastos podrían quedar fuera de una revisión efectiva antes de las elecciones.
Durante su intervención, llamó al Consejo General asumir su responsabilidad como árbitro electoral y atender una situación que, desde su perspectiva, requiere una respuesta antes del inicio legal de las precampañas.
También rechazó que la propuesta tuviera como propósito beneficiar a algún partido político o ganar popularidad, y defendió que el objetivo es contar con herramientas institucionales para garantizar condiciones equitativas entre los contendientes.
Uno de los principales argumentos de los consejeros que respaldaron los lineamientos fue el desfase entre la realización de las actividades políticas y el momento en que la autoridad electoral revisa los recursos utilizados.
Castillo explicó que los gastos efectuados durante los procesos internos se contabilizarán dentro de la contabilidad ordinaria de los partidos políticos, cuyos resultados de fiscalización se conocerán hasta el segundo semestre de 2027.
Esto significa que las conclusiones podrían llegar una vez concluido el proceso electoral, cuando ya no sería posible incorporar determinados gastos al tope de precampaña o campaña de manera oportuna.
El consejero advirtió que, si posteriormente se detectan irregularidades, el impacto sobre la equidad electoral podría resultar irreparable, pues las autoridades conocerían las posibles anomalías cuando la competencia ya hubiera terminado.
No obstante, aclaró que su planteamiento no implica afirmar que todos los gastos realizados por los partidos sean ilegales ni que las actividades actuales constituyan automáticamente actos anticipados de campaña.
La finalidad, explicó, consiste en establecer mecanismos que permitan conocer el origen, monto, destino y aplicación de los recursos, además de determinar si las actividades cumplen con la normativa electoral.
En contraste, Norma de la Cruz consideró que el documento presentado por sus colegas contenía contradicciones y planteaba regular conductas que ya pueden atenderse mediante el procedimiento especial sancionador.
La consejera sostuvo que el proyecto necesitaba un análisis más profundo, particularmente porque, a su juicio, algunas disposiciones rebasaban las atribuciones de fiscalización del instituto.
Entre los puntos cuestionados mencionó la revisión de propaganda, publicaciones en redes sociales y participación de personas servidoras públicas en actividades políticas.
Las diferencias no se limitaron a la discusión técnica de los lineamientos. El debate también derivó en señalamientos entre representantes de los partidos y la dirección del organismo electoral por presuntas omisiones y falta de imparcialidad.
Con el nuevo rechazo, el INE mantiene pendiente la definición de un mecanismo específico para fiscalizar las actividades políticas previas a las precampañas, mientras los partidos continúan sus procesos internos rumbo a la renovación de cargos de elección popular en 2027.
