Topo Chico S. de R.L. de C.V. regularizó su situación fiscal mediante un acuerdo reparatorio con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el que devolvió al erario 2,593,986,788 pesos de forma inmediata y sin llegar a juicio. El acuerdo, anunciado este 23 de julio, fue tramitado por el Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC) de la FGR, y extinguió la acción penal contra la empresa.
El instrumento jurídico que hizo posible la recuperación de los recursos es un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias (MASC), una figura contemplada en la legislación penal mexicana que permite resolver conflictos fuera de los tribunales.
Este tipo de procedimientos son voluntarios, flexibles y confidenciales. Su principal efecto jurídico es la extinción de la acción penal: una vez que la empresa cumple con lo pactado, el Estado no puede iniciar ni continuar un proceso criminal por los mismos hechos.
En este caso, el acuerdo fue de cumplimiento inmediato, lo que significa que Topo Chico transfirió la totalidad del monto acordado en el momento de la firma, sin plazos ni pagos diferidos.
La operación involucró a dos instancias especializadas del Estado mexicano. Dentro de la FGR, el OEMASC condujo el proceso a través de sus personas facilitadoras: funcionarios certificados cuya función es propiciar la comunicación entre las partes de manera imparcial para que alcancen un acuerdo.
Por parte de la SHCP, la Procuraduría Fiscal de la Federación representó al Estado como víctima del daño fiscal y fue la contraparte formal en la suscripción del convenio.
La formalización del acuerdo entre ambas instituciones permitió, según la FGR, “la reparación integral del daño” al erario público, en beneficio del interés público y la procuración de justicia.
El monto recuperado equivale a más de 2 mil 500 millones de pesos canalizados directamente al erario federal. La FGR no detalló en su comunicado si esa cifra corresponde al total del adeudo fiscal, a multas y recargos incluidos, o a una combinación de ambos conceptos.
Tampoco se informó si existían cargos penales formales previos contra la empresa o si el procedimiento alternativo se activó antes de que se ejerciera acción penal alguna. El comunicado oficial solo señala que la empresa “regularizó voluntariamente su situación fiscal”.
La dependencia sí subrayó que los MASC son instrumentos que “favorecen el cumplimiento voluntario de las obligaciones” y que el OEMASC “acerca justicia a las víctimas y ofendidas de forma sensible e inmediata a través de acuerdos dentro de procedimientos flexibles, voluntarios y confidenciales”.
La confidencialidad inherente a estos mecanismos impide conocer los detalles del expediente, lo que explica la escasez de información pública sobre el caso más allá del monto recuperado y la identidad de la empresa, revelada por la prensa.
El caso de Topo Chico no es el primero en que la FGR o el fisco mexicano recuperan recursos millonarios mediante acuerdos extrajudiciales con empresas, aunque sí se distingue por combinar un monto elevado con pago total en un solo acto.
El antecedente más cercano en la vía penal es el del empresario Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA). En febrero de 2021, Ancira firmó con la FGR un acuerdo reparatorio por USD 216.6 millones para salir de prisión, tras acusaciones de lavado de dinero por la venta sobrepreciada de una planta de fertilizantes a Pemex.
A diferencia del acuerdo con Topo Chico, ese convenio no fue de cumplimiento inmediato. Ancira pagó dos parcialidades, USD 50 millones en 2021 y USD 54.1 millones en 2022, pero incumplió la tercera entrega de USD 112.5 millones. Al cierre de julio de 2026, ese saldo permanece pendiente y la FGR ha advertido que reactivará el proceso penal.
Otro precedente en la misma vía es el de la empresa holandesa Vitol, que firmó un acuerdo reparatorio con Pemex Transformación Industrial (PTI), filial de Petróleos Mexicanos, por USD 23 millones en efectivo, más equipos de infraestructura, tras admitir en Estados Unidos que sobornó a funcionarios de la petrolera. El convenio cerró el proceso penal en México, aunque la FGR mantuvo abierta su carpeta de investigación por otros posibles delitos.
El acuerdo de mayor monto registrado en 2026 no ocurrió por la vía penal del OEMASC, sino por la fiscal administrativa. En enero, Grupo Salinas transfirió 10,400 millones de pesos de forma inmediata al SAT y se comprometió a cubrir el saldo restante en 18 mensualidades, por un total de 32,132 millones de pesos.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó ese convenio como “el pago más grande que se haya hecho por un caso de este tipo”.
El uso del OEMASC para casos fiscales no se limita a montos millonarios. En febrero de 2026, la FGR reportó un acuerdo reparatorio por 923 mil 144 pesos entre una empresa de Hidalgo y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tras una investigación por desaparición del contribuyente de su domicilio fiscal. El caso ilustra que el mecanismo opera de forma rutinaria en distintas escalas, no solo en expedientes de alto perfil.
