El exalcalde de Ibagué Luis Hernando Rodríguez Ramírez fue condenado a nueve años y cinco meses de prisión por el direccionamiento de dos contratos de interventoría vinculados con la construcción de escenarios para los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2015.
La decisión constituye la tercera condena contra el exmandatario por irregularidades relacionadas con la infraestructura deportiva que debía ejecutarse en la capital del Tolima.
La sentencia fue emitida por un juez de conocimiento, luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que atribuyó a Rodríguez responsabilidad en el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Además de la pena de prisión, deberá pagar una multa de 249,99 salarios mínimos legales mensuales vigentes (437 millones de pesos).
El caso se refiere a dos concursos de méritos para contratar la interventoría de las obras del Parque Deportivo y de la Unidad Deportiva de la calle 42, dos de los proyectos centrales de la preparación de Ibagué para las justas que se realizaron en 2015.
Según el comunicado de la Fiscalía, Rodríguez Ramírez se interesó de manera irregular en los procesos para seleccionar a las firmas encargadas de vigilar la ejecución de las obras deportivas. La investigación estuvo a cargo de un fiscal de Administración Pública de la Seccional Tolima.
El ente acusador sostuvo que el entonces alcalde delegó en funcionarios de su administración, entre ellos el director del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri), tareas relacionadas con la contratación. De acuerdo con la investigación, esas funciones se usaron para orientar los procesos hacia una empresa que había sido escogida con antelación.
La Fiscalía indicó que los involucrados ajustaron exigencias de los concursos relacionadas con la experiencia, el personal requerido, las formas de pago y otras condiciones habilitantes. Esas modificaciones habrían facilitado que el consorcio seleccionado obtuviera los contratos.
Los convenios cuestionados fueron suscritos en marzo y abril de 2015. Uno tuvo un valor aproximado de $1.805 millones y el otro alcanzó cerca de $3.575 millones, de acuerdo con la información divulgada por la Fiscalía.
La investigación también estableció que, antes de la adjudicación, se habría acordado un porcentaje con la empresa que resultaría favorecida. El fallo consideró responsable al exalcalde como coautor del delito de interés indebido en la celebración de contratos, en concurso homogéneo.
Las interventorías tenían como objeto supervisar las obras de dos escenarios que debían formar parte de la infraestructura destinada a los Juegos Nacionales y Paranacionales. La función de una interventoría consiste en vigilar que los contratos de obra se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas, los plazos y las obligaciones pactadas.
Para la Fiscalía, la irregularidad no se limitó a la ejecución posterior de los proyectos, sino que comenzó en la etapa de selección de los contratistas. El señalamiento central fue que los requisitos de los concursos fueron adaptados para beneficiar a un participante determinado.
La nueva decisión judicial se suma a otros procesos que han tenido como eje la contratación pública durante la administración de Rodríguez, que gobernó Ibagué entre 2012 y 2015. Los hechos investigados ocurrieron mientras la ciudad preparaba las obras que debían estar disponibles para las competencias nacionales.
El expediente que derivó en la pena de nueve años y cinco meses corresponde de forma específica a las interventorías. Por ello, se diferencia de otros procesos relacionados con contratos de obra, estudios y diseños para escenarios deportivos.
La condena conocida ahora es la tercera que recibe Luis Hernando Rodríguez por hechos de corrupción asociados a los Juegos Nacionales de 2015, según la información aportada sobre los procesos judiciales en su contra.
Una de las sentencias anteriores impuso una pena de cuatro años, 10 meses y 21 días por anomalías en la contratación de obras y adecuaciones de escenarios para los XX Juegos Deportivos Nacionales. En ese expediente, el exalcalde alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía.
También fue condenado en 2025 tras aceptar responsabilidad por los delitos de cohecho propio, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Ese caso estuvo relacionado con la remodelación del estadio Manuel Murillo Toro.
En otra decisión judicial conocida en diciembre de 2025, Rodríguez recibió una pena de ocho años y nueve meses por interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por omisión y peculado por apropiación. Esa investigación incluyó irregularidades en un convenio entre el Imdri, Coldeportes y la Gobernación del Tolima para los estudios y diseños del estadio Manuel Murillo Toro.
Según las actuaciones conocidas en ese expediente, el convenio superaba los $800 millones y se habría contratado a un particular que no cumplía los requisitos para desarrollar el objeto acordado.
