El Gobierno de Abelardo de la Espriella expidió al menos 15 decretos derivados de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, declarada el 19 de agosto a través del Decreto 1261, firmado por el jefe de Estado, y modificada el 31 de agosto mediante el Decreto 1348. Lo anterior, tras el fuerte impacto del terremoto que sacudió al país el 10 de agosto.
Algunas de estas disposiciones, publicadas en la página del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y a las que accedió Infobae Colombia, se implementarán en los municipios donde se acredite una afectación directa. Esta contingencia causó afectaciones en 16 departamentos, entre ellos Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Risaralda, entre otros.
De acuerdo con el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el terremoto registró 331 personas fallecidas, 4.505 heridas, 111 desaparecidas, 36.327 viviendas destruidas y 201.939 averiadas. Además, de 7 43 edificios colapsados, 6.383 averiados, 521 vías afectadas, 102 puentes vehiculares y 141 acueductos con daños.
En el Decreto 1412, el primero de los conocidos frente a la emergencia, el Gobierno incorporó $624.656 millones al Presupuesto General de la Nación de 2026. Los recursos provienen de un crédito externo de 200 millones de dólares activado tras la declaración de desastre nacional y serán administrados en articulación con el Fondo Milagro creado por De la Espriella.
Es preciso destacar que el Ejecutivo estimó que el terremoto tendría un impacto económico inicial de al menos $30 billones, equivalente al 1,5% del producto interno bruto. En ese sentido, el decreto advirtió que la cuantificación de pérdidas aún se encontraba en desarrollo, por lo que se adoptarán medidas tributarias, aduaneras y de contratación estatal.
Todo esto enfocado en diferentes frentes: salud, infraestructura educativa, empleo, recuperación del sector financiero y transferencias monetarias, como los más relevantes.
Por su parte, el Decreto 1418 establece medidas para micro, pequeñas y medianas empresas, comerciantes, trabajadores independientes y demás unidades productivas afectadas. Hasta el 25 de agosto, 30.449 empresas y unidades productivas habían reportado afectaciones. Las pérdidas potenciales se calcularon entre $3,6 billones y $10,7 billones.
Se proyectó entre 627.000 y 1,9 millones de empleos expuestos a algún grado de riesgo, aunque aclaró que no equivale al número de puestos perdidos. A esto se suma que el 40,4% de las unidades productivas consultadas no estaba en condiciones de operar, por lo que las Cámaras de Comercio podrán dirigir sus aportes de 2026 y 2027 a programas de recuperación.
Las sociedades que demuestren afectación directa podrán acceder, por un año, a fusiones abreviadas, venta de activos, disminución de capital, emisión de acciones y pago de dividendos en títulos. Los recursos obtenidos por la emisión de acciones deberán dirigirse a la reposición de activos, el capital de trabajo o el restablecimiento de las operaciones.
Por su parte, el Decreto 1422 flexibiliza el acceso a los subsidios familiares de vivienda. Los hogares damnificados con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos tendrán prioridad y los subsidios de diversas fuentes podrán concurrir hasta cubrir el 100% del valor de la solución habitacional.
