El juez Juan Carlos Peinado ha citado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para que comparezca en el juzgado el próximo 9 de junio a las 11 de la mañana. La citación también afecta a Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, y al empresario Juan Carlos Barrabés. Los tres deberán presentarse en persona por una causa en la que figuran como investigados por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida.
En las últimas semanas, el magistrado ha desestimado los recursos que solicitaban el cierre de la investigación y ha reiterado su propuesta de que los acusados sean juzgados por un jurado popular, una decisión adoptada tras concluir la fase de instrucción en abril. Esta propuesta está ahora a la espera de lo que resuelva la Audiencia Provincial.
Así, Peinado acuerda que los tres “acusados comparezcan personalmente” y “con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública al acto de la audiencia preliminar a efectos de, en su caso, celebrar la correspondiente comparecencia con su presencia, en la que se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo de tratar de eludir la acción de la justicia”.
La decisión del juez se produce tras analizar el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, así como las alegaciones presentadas por las defensas, la Fiscalía y las acusaciones populares, entre ellas la que lidera Hazte Oír, según consta en el auto fechado este lunes y consultado por Europa Press.
El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de 317 páginas, concluye que la cátedra codirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) fue creada siguiendo los procedimientos internos de la universidad. Sin embargo, la UCO señala posibles irregularidades en la adjudicación para el desarrollo de un software, especialmente en la contratación de Deloitte Consulting y Making Science Group.
Según el documento, la contratación de Deloitte se realizó a través de expedientes administrativos que sirvieron para dar “apariencia de legalidad”, sin respetar la normativa vigente. Los investigadores sostienen que las adjudicaciones a Deloitte fueron premeditadas, que la consultora inició sus funciones antes de la formalización de los contratos y que las condiciones, incluido el precio, se ajustaron a lo pactado entre la empresa y la cátedra. La UCO advierte que las solicitudes de oferta se habrían simulado, restringiendo la concurrencia de otros licitadores. En el caso de Making Science Group, el servicio se contrató sin expediente, y el pago se autorizó después de que el trabajo ya se había realizado, según el documento.
El informe también señala que no se siguieron los protocolos internos de la UCM para registrar la propiedad intelectual del software ni para el registro de la marca o dominio de la plataforma. Los fondos empleados en estos procesos procedían del ámbito privado de Gómez.
En cuanto a la participación de Gómez, la UCO registra su presencia en talleres promocionales y recoge declaraciones que atribuyen la titularidad de la plataforma a la UCM y confirman su carácter gratuito. El informe analiza ingresos de la Fundación Instituto de Empresa y de Inmark a nombre de Gómez y examina movimientos en cuentas de la sociedad Transforma TSC, administrada por ella, sin hallar pruebas formales que vinculen esta sociedad con la cátedra universitaria.
