Buenos Aires, 9 octubre (NA) — La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el costo fiscal del proyecto de ley para atender la Discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría ascendería a 0,07% del PBI en 2028 y de 0,04% durante 2027.
El dato es relevante dado que el oficialismo busca atenuar el impacto sobre las cuentas públicas para sostener el superávit fiscal y darle argumentos a los sectores aliados para que no aporten quórum a la sesión del 15 de octubre donde además se busca voltear el DNU 70.
De acuerdo con el organismo, “el costo fiscal estimado ascendería a $598.912 millones en 2027 (0,04% del PIB) y a $1.209.567 millones en 2028 (0,07% del PIB)”.
Esta variación responde a los dos escenarios contemplados por el organismo: uno de incorporación gradual de nuevos titulares durante el primer año de vigencia y otro de año completo que proyecta la totalidad de los beneficiarios incorporados desde el inicio del ejercicio siguiente.
El documento –que procesó Agencia Noticias Argentinas– explica que el universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral.
En este sentido, la OPC subraya que “el primero representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027”. Para sustentar la estimación, la fuente precisa que el análisis se concentra de manera exclusiva en el esfuerzo financiero incremental.
Sobre este punto, el reporte aclara que “no se consideran los gastos que el Estado nacional ya viene ejecutando, como el pago de la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral a sus actuales titulares (1.141.486 personas)”, debido a que “esas erogaciones ya forman parte del gasto corriente y su continuidad no supone una erogación incremental atribuible a la iniciativa que se costea”.
Asimismo, el informe aborda la situación de la cobertura médica vinculada a los beneficiarios de las pensiones. El texto detalla que «se estima que unos 76 mil de los nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa», en referencia al Plan Federal Incluir Salud.
Sin embargo, la OPC aclara que “no se realiza una estimación monetaria por la variabilidad en el patrón de uso de los servicios y el grado de superposición con el sistema público de salud”.
Al respecto, el organismo técnico añade que “su ingreso a Incluir Salud implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional”.
En cuanto a las obligaciones financieras con los prestadores, el estudio indica que el dictamen bajo análisis mantiene una manda preexistente y señala que “el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución, que esta Oficina estimó oportunamente en $278.323 millones (valor de referencia)”.
Sobre esta compensación destinada a resarcir los desfasajes entre aranceles y la inflación entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, el informe puntualiza que “el monto efectivo dependerá de las acreencias que resulten verificadas en el procedimiento establecido por el Decreto 84/2026”.
Finalmente, en materia de previsiones presupuestarias y financiamiento, la OPC detalla la disponibilidad de recursos dentro del esquema del Estado nacional.
El informe especifica que “si la iniciativa entrara en vigencia en 2027, el Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual absorbería el 16,4%”.
Asimismo, el organismo añade que el presupuesto “prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud”, fondos que servirían para respaldar las erogaciones previstas por la normativa en estudio.
Agencia NA
