El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó la sanción a 15 sujetos presuntamente vinculados con el Cártel del Noreste (CDN), una red que abarca carreras de caballos cuarto de milla, constructoras, empresas de transporte y negocios de gas en Nuevo Laredo. La medida bloqueó los bienes bajo jurisdicción estadounidense de cuatro personas y 11 empresas, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, identificó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita entre algunos de los señalados.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en sus listas a personas y compañías que, según su investigación, sostienen las actividades financieras y operativas del grupo criminal. Las designaciones se emitieron bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, esta última modificada, que permiten sancionar a organizaciones ligadas al tráfico internacional de drogas y al terrorismo.
La UIF también informó que su análisis financiero, fiscal y corporativo detectó movimientos relevantes de efectivo, transferencias nacionales e internacionales, compra de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles. También ubicó operaciones que no correspondían con los perfiles transaccionales declarados, inconsistencias fiscales y sociedades con poca o nula actividad económica identificable.
La dependencia mexicana precisó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida administrativa preventiva y no representa una resolución definitiva sobre responsabilidad penal. Las personas incorporadas conservan los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.
El Tesoro estadounidense ubicó el bastión del CDN frente a Laredo, Texas, uno de los cruces comerciales más transitados de la frontera sur de Estados Unidos, por donde circula casi 40% del intercambio comercial entre ambos países. La autoridad sostuvo que el grupo habría logrado presencia en sectores transfronterizos y capacidad para infiltrarse en gobiernos locales, influir en contratos públicos y manipular elecciones regionales.
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, afirmó que la acción expuso el uso del sector hípico para lavar dinero y financiar actividades del cártel. “La acción de hoy expone la explotación del sector hípico por parte del Cártel del Noreste para lavar dinero ilícito y financiar sus operaciones”, declaró.
Bessent sostuvo que se trató de la mayor acción del Departamento del Tesoro contra la infraestructura financiera del CDN hasta esa fecha. La OFAC informó que, desde principios de 2025, realizó cerca de 40 acciones contra más de 500 personas y entidades relacionadas con cárteles y otros grupos criminales.
La investigación se desarrolló con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y contó con el apoyo de la DEA, FBI, ICE, CBP, IRS, ATF, Oficina Federal de Prisiones y Servicio de Alguaciles. La OFAC también coordinó las acciones con la UIF de México, que intervino en medidas previas contra negocios atribuidos al cártel.
El CDN, antes conocido como Los Zetas, fue fundado por Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales y Óscar Omar “Z-42” Treviño Morales. El grupo ha sido vinculado con el tráfico de fentanilo, metanfetamina cristalina, heroína, marihuana y cocaína, además de una historia de violencia que incluye el incendio del Casino Royale en Monterrey, perpetrado el 25 de agosto de 2011, con 52 personas asesinadas y decenas de heridos.
Z-40 y Z-42 fueron detenidos por autoridades mexicanas en 2013 y 2015, respectivamente. Ambos fueron trasladados de México en febrero de 2025 y enfrentan en el Tribunal de Distrito de Columbia cargos por narcotráfico, delincuencia organizada, posesión de armas y lavado de dinero, con una posible pena de cadena perpetua.
El 15 de diciembre de 2021, la OFAC designó al CDN bajo la Orden Ejecutiva 14059. El Departamento de Estado de Estados Unidos lo clasificó el 20 de febrero de 2025 como organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designado; antes, Los Zetas habían sido incluidos como narcotraficantes especialmente designados en 2009 y organización criminal transnacional en 2011.
Las sanciones abarcaron al Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el establecimiento era controlado por el CDN y generaba ingresos mediante el cobro de entradas a jinetes y asistentes durante las carreras de caballos.
Los dirigentes y miembros del grupo compraban caballos, varios procedentes de Estados Unidos, para competir en La Molienda. Aunque Z-40 controlaba el hipódromo, la supervisión recaía en dirigentes y asociados de la organización mientras él permanecía encarcelado en Estados Unidos.
La investigación recordó que Los Zetas utilizaron anteriormente las carreras de caballos cuarto de milla para mover recursos ilícitos. Entre 2008 y 2012, los hermanos Treviño habrían comprado, vendido, entrenado y competido caballos con dinero del narcotráfico; en un lapso de 30 meses, testaferros y empresas fantasma gastaron USD 16 millones en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas, y habrían lavado más de USD 22 millones.
En junio de 2012, el gobierno estadounidense decomisó 455 caballos en una granja, hipódromos y centros de entrenamiento de Oklahoma. La OFAC señaló que La Molienda mantuvo una alianza de apuestas con el Casino Centenario hasta que una acción coordinada entre México y Estados Unidos suspendió las operaciones de este último en abril de 2026.
Entre los designados aparece Gamaliel Garza García, empresario mexicano aficionado a las carreras de caballos y señalado como socio del CDN. Garza García participaba en competencias en México y Estados Unidos, incluidos hipódromos de California y Nuevo México, y sus caballos competían de manera frecuente en La Molienda.
La OFAC indicó que Construcciones y Edificaciones Garza Elías SA de CV, conocida como CEGESA, fue utilizada para canalizar recursos hacia campañas de candidatos políticos favorecidos por el cártel. La misma empresa habría obtenido contratos gubernamentales de manera corrupta y posteriormente habría subcontratado trabajos a personas vinculadas con el grupo criminal.
CEGESA figuraba entre las beneficiarias de contratos de los gobiernos del municipio de Nuevo Laredo y de Tamaulipas. Garza García también creó Concretos y Productos Asfálticos del Norte SA de CV, COPASA, con el propósito de suministrar materiales para las obras que CEGESA realizaba o subcontrataba.
A principios de 2026, CEGESA y COPASA se encontraban entre las pocas empresas constructoras autorizadas por el CDN para trabajar en Nuevo Laredo, según la designación estadounidense. Garza García además controlaba la Cuadra San Dibanh, un establo de caballos cuarto de milla con sede en Anáhuac, Nuevo León, que participaba en La Molienda y otros hipódromos del país.
La red empresarial atribuida a Garza García incluyó a Construaceros del Fuerte SA de CV e Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios SA de CV, ambas constructoras. También fueron sancionadas Distribuidora de Gas Económico SA de CV, Gas Energía Confiable SA de CV, Grupo Comercial Propano SA de CV y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo SA de CV.
Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario, fue designado por su participación en las operaciones cotidianas de CEGESA. Según la OFAC, Garza Elías entregó dinero en efectivo para financiar campañas de candidatos políticos preferidos por el CDN.
La lista incluyó a Pablo César Guajardo Álvarez, “Takia”, identificado como jefe de plaza del cártel en Nuevo Laredo y exlíder de sicarios. Guajardo fue detenido en 2020 por su presunta relación con el asesinato de Ricardo Martínez Chávez y cuatro funcionarios públicos, cometido el 4 de enero de 2017, aunque posteriormente fue liberado.
También fueron sancionados Tamex Leasing o Tamex Logistics, empresa de transporte terrestre de Nuevo Laredo, y su despachador Francisco Javier Inzunza Partida. La OFAC señaló que el depósito de Tamex fue el punto de origen de al menos dos cargamentos de cocaína enviados a Estados Unidos, con un total de 52 kilogramos ocultos en compartimentos de tambores de freno de remolques.
Las sanciones bloquearon los bienes e intereses patrimoniales de los designados que se encontraran en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses. La prohibición también alcanzó a las entidades que pertenezcan, directa o indirectamente, en 50% o más a una o varias personas bloqueadas.
Las personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con los señalados, salvo que exista autorización de la OFAC. Instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones significativas para las personas designadas pueden enfrentar sanciones secundarias, incluidas restricciones para abrir o mantener cuentas corresponsales en Estados Unidos.
