Por los delitos de amenazas agravadas y porte ilegal de estupefacientes fue imputado Juan Carlos Buriticá Suárez, de 21 años, capturado en la ciudad de Pereira, Risaralda, como parte de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por mensajes intimidatorios que habrían sido publicados por el joven de manera anónima en contra de la primera dama Ana Lucía Pineda y su familia.
La información de la audiencia de imputación de cargos indicó que el ente investigador le atribuyó al joven —que se dedica a laborar como operador logístico— los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contemplado en el artículo 376 del Código Penal, y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, previsto en el artículo 188E.
Por su parte, el jefe de Estado emitió un comunicado oficial en el que aclaró que un juez determinó que Buriticá Suárez fue cobijado bajo medida de aseguramiento privativa de la libertad, de acuerdo con la diligencia judicial que se llevó a cabo el miércoles 22 de octubre de 2026. Según De la Espriella, la defensa del investigado apeló la decisión judicial.
La Fiscalía General de la Nación comunicó que el 18 de octubre de 2026, “el hoy detenido habría enviado el mensaje intimidatorio desde una cuenta anónima. Dicha publicación contenía señalamientos en contra de la vida e integridad de la esposa del presidente de la República y su familia. Inmediatamente, la situación fue denunciada y puesta en conocimiento de la Fiscalía”.
A través de sus redes sociales, el primer mandatario indicó que la amenaza fue publicada a las 10:12 a. m. de ese mismo día, y la denuncia se presentó ese mismo día, a las 12:23 p. m. El operativo de allanamiento y la captura se efectuaron el 19 de octubre, a las 11:57 p. m. Durante esa diligencia, las autoridades habrían encontrado marihuana en poder del detenido.
El informe del mandatario coincide con la información de la Dijín, que indicó que en el operativo, adelantado en la Urbanización Santa Clara de Pereira, “los investigadores del Centro Cibernético Policial incautaron equipos de cómputo y telefonía móvil, además de varias dosis de marihuana”, con precisión, ocho bolsas plásticas de sello hermético.
La medida de aseguramiento no constituye una condena y el proceso continuará mientras las autoridades judiciales determinan la responsabilidad penal del joven. El presidente pidió protección para todas las familias colombianas.
En su mensaje, el jefe de Estado vinculó el caso con la necesidad de que las autoridades protejan a las familias que reciben amenazas.
“Como esposo, como padre y como presidente de la República, tengo absolutamente claro que las amenazas de muerte contra cualquier familia colombiana son intolerables”, expresó el mandatario.
De la Espriella añadió que “mi familia merece protección, como la merecen todas las familias de Colombia. ¡Nadie tiene derecho a sembrar el terror en los hogares de nuestra patria! ¡Bienvenido a la Patria Milagro, miserable! (sic)”.
El presidente cerró su declaración con un llamado para que los responsables de delitos enfrenten a la justicia. “Los delincuentes deben temerle a la justicia, no los ciudadanos a los delincuentes”, sostuvo.
Los ataques a la primera dama de Colombia se incrementaron luego de que se conocieran cuestionamientos sobre el uso de los recursos recolectados por Ana Lucía Pineda, tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.
Sin embargo, desde la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, presidida por Ana Lucía Pineda, se presentó un informe sobre estos recursos destinados para atender a los afectados por el desastre natural. Según el documento, la campaña Colombia, un solo corazón recibió $54.589 millones en donaciones de personas naturales y jurídicas.
El reporte, que abarca del 7 de julio al 16 de octubre de 2026, señaló que la principal contribución correspondió a la familia Gilinski, con el 81% de los recursos y una destinación específica definida por los donantes.
La fundación indicó que los gastos administrativos ascienden a $11,9 millones y que el resto de los recursos permanece disponible para los proyectos de atención y reconstrucción.
De acuerdo con el informe, durante la primera etapa de respuesta a la emergencia se movilizaron 5.652,2 toneladas de ayuda, se atendió a más de 48.000 personas y se llegó a 80 municipios. La red incluyó más de 1.250 voluntarios, 30 centros de acopio, más de 100 empresas y entidades aliadas, además de 24 operadores de transporte y logística.
El reporte también registró la participación de cerca de 600 profesionales voluntarios en atención emocional y psicológica. Estos realizaron más de 4.500 consultas virtuales relacionadas con trauma, ansiedad, duelo, salud mental infantil y orientación a cuidadores.
Pineda afirmó que la campaña nació con el propósito de “convertir la solidaridad en acciones concretas”.
La segunda fase se concentra en la reconstrucción de infraestructura esencial. La Fundación priorizó seis instituciones de Cali: el Hospital Carlos Holmes Trujillo, la IPS Meléndez, las instituciones educativas Juan Pablo II, Eustaquio Palacios y Carlos Holguín Mallarino, además del Instituto para Niños, Ciegos y Sordos.
“La reconstrucción no se limita a soluciones de vivienda, sino que comprende la infraestructura destinada a la prestación de servicios esenciales para la comunidad”, señaló la primera dama.
Según el documento, la entidad cuenta con asesoría técnica y alianzas con empresas del sector de la construcción.
